Como consecuencia de gravedad de los hechos que están ocurriendo en Cataluña, y desde el sector del transporte al que representamos, plural y diverso como la sociedad catalana en general, debemos manifestar nuestro profundo malestar e indignación ante la situación que se ha generado y que estamos padeciendo.

Nuestra Comunidad, nuestras instituciones y los trabajadores y profesionales que vivimos en ella tenemos opiniones dispares y en muchas ocasiones enfrentadas, sin embargo, siempre hemos podido expresarnos libremente, protestar y mantener los diálogos necesarios para conservar la paz social, en definitiva, mantener la democracia.

Consideramos que en la actualidad se están vulnerando derechos públicos y privados, de nuestras instituciones y de ciudadanos de esta Comunidad, no respetándose la legalidad vigente, esa que supuestamente nos tiene que amparar a todos, con actuaciones represoras de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad arbitrarias e injustificadas, de las que no se ha ofrecido explicación alguna.

Estamos desarrollando nuestros trabajos en una situación lamentable, con nuestras calles invadidas por los Cuerpos de Seguridad como si todos, siete millones y medio de personas, fuésemos delincuentes, haciendo prácticamente imposible que podamos vivir con normalidad, sometidos a graves acusaciones y ofensas gratuitas simplemente porque una parte importante de nuestra sociedad piensa de forma diferente, porque quiere “votar”, es decir, ejercer un derecho democrático, y eso, con independencia de estar a favor o en contra “no es cometer ningún delito”.

En un estado democrático no se puede permitir que la solución a un conflicto, a opiniones diferentes, sea la represión de sus ciudadanos, y ello porque son los ciudadanos los que con su voto han otorgado la legitimidad de que disponen para gobernar.

Por ello, solicitamos a los dirigentes políticos que, en el ejercicio del cargo para el que fueron elegidos, procedan a dialogar pacíficamente, considerando todas las posiciones y alcanzando un acuerdo integrador que acabe con esta situación.

 

CERRADO POR VACACIONES

11 d'agost del 2017

Les informamos de que nuestras oficinas permanecerán cerradas del 14 al 20 de agosto. Disculpen las molestias.

Hawaiian Vacation Sunset Concept, Two Beach Chairs at Sunset

Tal y como establece el ADR 2017, las instrucciones escritas que se vienen utilizando de acuerdo con el ADR 2015, seguirán siendo válidas hasta 30 de junio del 2017.

A partir del 01 de julio del 2017 solamente serán válidas las nuevas instrucciones escritas ADR 2017 que adjuntamos.

Instrucciones Escritas ADR 2017

 

El Tribunal Supremo ha fallado que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral.    

El TS establece que el Estatuto de los Trabajadores solo obliga a contabilizar las horas extraordinarias realizadas.  La sentencia de 23/03/2017 rechaza “llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35.5, ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como es el principio de libertad de empresa”.

 

¿Cuándo es obligatorio el registro de la jornada laboral de los trabajadores?

  • Horas extraordinarias 

Art. 35.5 “A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

La empresa se encontrará obligada a entregar al trabajador, en cada periodo de pago salarial, un comprobante de horas incluido en el recibo de salarios.

  • Trabajadores a tiempo parcial

Artículo 12.4.c), trabajadores a tiempo parcial “A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias”

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

 

CARTEL DE CAMIONES

15 de novembre del 2016

La sanción de 2900 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a los fabricantes de camiones abre la vía a que los transportistas puedan reclamar indemnizaciones por el sobreprecio pagado en los camiones adquiridos entre 1997 y 2011 

La sanción impuesta (en concreto por un importe conjunto de 2.926 millones de euros) ha sido el resultado de las investigaciones iniciadas por las autoridades europeas de la competencia en 2011, tras detectarse acuerdos secretos entre los fabricantes DAF, Daimler, Iveco, MAN y Volvo/Renault para fijar los precios de venta y retrasar deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos. Se da la paradoja de que la investigación surgió de una denuncia de una de las implicadas (MAN, la empresa propiedad de Volkswagen) lo que dificultó enormemente la defensa de las demás marcas.

Según fuentes de la Unión Europea, todas las marcas han reconocido su participación en el Cártel y ahora tienen tres meses de plazo para pagar la multa, abriéndose la vía para que todos los afectados, esto es, todos los que hayan comprado vehículos de transporte entre 1997 y 2011 puedan reclamar por los daños y perjuicios ocasionados.

En previsión del resultado de la decisión adoptada por la Comisión Europea, desde FENADISMER se ha venido trabajando en estos últimos meses en la puesta en marcha de la Plataforma de Afectados por el Cartel de Fabricantes de Camiones, (www.afectadoscartelcamiones.es), en colaboración con un prestigioso Despacho jurídico europeo especializado en este tipo de reclamaciones, poniendo a disposición de todos los transportistas afectados la posibilidad de reclamar colectivamente todos los perjuicios económicos ocasionados por esta actuación fraudulenta de los fabricantes de vehículos industriales.

Ante un fraude como el protagonizado por los fabricantes de vehículos industriales, la Plataforma tiene como objetivo plantear todas las reclamaciones que sean pertinentes, asistidos jurídicamente por un Despacho Jurídico de prestigio especializado de en este tipo de acciones colectivas consistentes en las actuaciones judiciales y extrajudiciales de reclamación de los perjuicios económicos que se han producido en la adquisición de los vehículos industriales por parte de los autónomos y empresas de transporte durante esos años. El éxito de dicha reclamación viene avalado por el magnífico resultado en la reclamación similar promovida de forma colectiva por FENADISMER ante la Agencia Tributaria, como consecuencia de la declaración de ilegalidad que del céntimo sanitario hizo en 2014 la Unión Europea, lo que ha obligado al Estado español a devolver en estos dos años más de 2.300 millones de euros.

Además, prueba de que la actuación llevada a cabo por los fabricantes europeos de camiones iba a ser declarada ilegal, es que la mayoría de las compañías involucradas en la investigación ya habían realizado provisiones por unos 2.330 millones de euros, para cubrir la multa así como posibles reclamaciones.

Por último, cabe destacar que el perjuicio ocasionado por la actuación de los fabricantes de camiones no se circunscribe a las empresas transportistas, sino que como ha señalado la propia Comisaria Europea de la Competencia, Margrethe Vestager, tal actuación concertada ha provocado subidas en el coste de todos los bienes transportados, desde la comida hasta los muebles.

        

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR:

La propia Comisión Europea plantea la posibilidad de que todos los afectados por el cártel, puedan reclamar indemnizaciones por el sobre precio en la adquisición de los vehículos, que se estiman pueden oscilar en torno al 10-15% del valor de adquisición del vehículo.

En previsión de dicha decisión de la Comisión Europea, FENADISMER ha promovido la Plataforma de Afectados por el Cártel de Camiones, a fin de poder reclamar colectivamente dichas indemnizaciones, ya que la reclamación individualizada es muy costosa, debido principalmente a los costes de peritaje y valoración del daño, lo que hace imprescindible presentar dicha reclamación de forma colectiva.

De igual modo a como FENADISMER (Federación a la que pertenecemos)  ha alcanzado un acuerdo de colaboración con un Pool de Despachos Jurídicos especializados en Derecho europeo de la competencia, con acreditada experiencia en reclamaciones similares.

A continuación, informamos de forma detallada del procedimiento y condiciones para poder reclamar contra los fabricantes de camiones:

 

¿Quién puede acogerse al procedimiento de reclamación colectiva?

-Cualquier autónomo empresario o sociedad, ya sean de transporte público o privado complementario, que hubieran adquirido entre los años 1997 y 2011 algún vehículo de transporte de mercancías de más de 6 toneladas de MMA de primera mano (ya sea camión rígido o cabeza tractora) de alguna de las siguientes marcas: DAF, Daimler-Mercedes Benz, Iveco, Man y Volvo-Renault. En relación a la marca Scania, está pendiente de concluirse el procedimiento abierto por la Comisión Europea, pero previsiblemente también será sancionada por haber participado en el cártel.

-En principio podrá reclamarse los vehículos de transporte que se hayan adquirido en propiedad o en arrendamiento financiero (leasing), no pudiendo reclamarse vehículos adquiridos en renting.

 

¿Cuánto cuesta adherirse al procedimiento de reclamación colectiva?

-A fin de facilitar la adhesión del mayor número posible de reclamantes a la Plataforma de Afectados se ha establecido una cuota económica inicial de entrada muy asumible, quedando establecida del siguiente modo

  • Reclamante de un camión: 200 euros.
  • Reclamante de 2 a 5 camiones: 300 euros.
  • Reclamante de 6 o más camiones: 600 euros.

(a dichas cantidades debe añadirse el IVA correspondiente, emitiéndose la correspondiente factura en favor del reclamante).

Dicha cuota de entrada cubre todos los gastos judiciales de abogados y procuradores, con la excepción del poder notarial de representación, las tasas si las hubiera y otras posibles eventualidades.

Asimismo, una vez que el reclamante obtenga la indemnización por la reclamación planteada, éste deberá abonar una cuota variable por el importe del 15% de la misma para cubrir los gastos de gestión y judiciales ocasionados.

Dadas las especiales características de la reclamación a presentar Fenadismer y el Despacho Jurídico se reservan conjuntamente el derecho a desistir de la tramitación de las reclamaciones por causas sobrevenidas, devolviendo íntegramente a los reclamantes la cuota inicial ingresada, salvo el importe de 20 euros por vehículo (o 15 € en caso de reclamaciones superiores a 3 vehículos) en concepto de gastos de gestión.

 

¿Qué documentación es necesaria para poder presentar la reclamación?

-El reclamante deberá recopilar la siguiente documentación en fotocopia:

  • Factura de adquisición en caso de compra o póliza con la entidad financiera en caso de arrendamiento financiero (leasing), de cada vehículo objeto de reclamación.
  • Permiso de circulación de cada vehículo objeto de reclamación.
  • Autorización de transporte de empresa del reclamante (MDLE si es ligero, MDPE si es pesado o MPC si es privado complementario).
  • Ficha de adhesión a la reclamación colectiva, debidamente rellena y firmada (se adjunta al presente email la Ficha de adhesión).
  • Justificante de la transferencia bancaria del pago de la cuota de entrada, con el importe y cuenta bancaria que figura en la Ficha de adhesión.

 
¿Dónde se tramita toda la documentación para la presentación de la reclamación? 

En este caso debes ponerte en contacto con ASTAC CONDAL y te facilitaremos toda la información.

 

         OTRAS CUESTIONES:

  • En relación a los vehículos objeto de reclamación, esto es, los adquiridos entre 1997 y 2011, no es necesario que dichos vehículos sigan siendo de titularidad del reclamante, es decir, que dichos vehículos pueden haber sido dados de baja o transferidos a un tercero, etc. Lo único necesario es que el vehículo hubiera sido adquirido en su día por el reclamante, sea cual sea la situación actual del vehículo.
  • En cuanto a la documentación que se solicita para poder presentar la reclamación se requiere fotocopia de la autorización de transporte (tarjeta de transporte). Lógicamente lo que se solicita es la tarjeta de transporte de empresa (MDLE si es ligero, MDPE, si es pesado  o MPC si es privado complementario); en ningún caso se solicita la tarjeta de transporte que estaba adscrita al vehículo objeto de la reclamación.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de estimar íntegramente la demanda de una empresa transportista que solicitaba la devolución de ingresos por indebida cotización, al considerar que debía haber cotizado por sus conductores en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el CNAE de la actividad, un 3,70%, en vez de por la ocupación f), un 6,70%.

La sentencia, cuyo texto aun no disponemos, condena a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonar a la empresa transportista, el 3% de lo cotizado por sus conductores en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales hasta 31 de diciembre de 2015, a lo que hay que añadir los intereses legales correspondientes. Esperamos que este criterio se confirme en sentencias posteriores.